Desde UMA por la Pública estamos mapeando y visibilizando todos los recortes que estamos sufriendo en la Universidad de Málaga: en docencia, investigación, infraestructuras, condiciones laborales de PDI, PTGAS, subcontratas y servicios.
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Incluimos a continuación un resumen de los principales recortes que nos han llegado, elaborado a partir de las respuestas recibidas al formulario sobre recortes en la UMA. Los recortes señalados por distintos departamentos, áreas o colectivos se presentan de forma unificada, indicando los departamentos o servicios en los que se han identificado.
Se indican grupos de entre 70 y 135 estudiantes en distintos grados, entre ellos Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Filología Inglesa, Educación Infantil y Psicología. Se señala además que en algunos centros no existen espacios físicos capaces de albergar grupos de ese tamaño, lo que obliga a recurrir a formatos híbridos u online o genera situaciones de alumnado sin asiento, favoreciendo el absentismo.
Se señala la disminución de grupos prácticos por falta de profesorado en Psicología (incluida la eliminación de grupos de prácticas en asignaturas de Logopedia), Turismo, Botánica y Administración y Dirección de Empresas, entre otros. Se indica asimismo la reducción del número de créditos asignados a los TFG y TFM en el grado de Derecho.
Se indica una reducción del presupuesto a la mitad en los grados de Biología, Bioquímica y Ciencias Ambientales; una disminución del número y alcance de las prácticas experimentales por ahorro en material; prácticas de laboratorio dañadas y sin posibilidad de reparación en el área de Máquinas y Motores Térmicos; y falta de financiación de los grupos reducidos exigidos por motivos de prevención de riesgos en laboratorios.
Se señala la cancelación de salidas de campo en asignaturas de Historia del Arte y Medicina, y de visitas técnicas en Turismo, por falta de presupuesto para transporte.
Se indica la supresión de grupos en inglés en la Facultad de Turismo por no remunerarse su impartición, la falta de especialistas en el Grado de Estudios de Asia Oriental, la falta de financiación de una asignatura de energías renovables en el grado en Ingeniería Eléctrica, la falta de docente para el nivel avanzado de coreano, y la imposibilidad de implantar el Máster en Deportes, cuya puesta en marcha requería la contratación de nuevo profesorado que no se ha materializado, y la eliminación o no oferta de asignaturas optativas ante la imposibilidad de destinar profesorado a su impartición.
Señalado en el Máster de Investigación e Intervención Social.
Se indica la firma obligatoria, por parte del profesorado de un máster, de un documento que establece coste cero para la docencia del curso 2026/2027.
Señalado en la asignatura de Historia de la Ciencia (Facultad de Medicina) y, de forma histórica, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
Se señala el caso del Grado en Estudios de Asia Oriental, donde el profesorado asignado carece de la especialización requerida en las materias que imparte; se indica también la falta de docentes con la formación específica adecuada en algunas áreas, derivada de la no actualización de las bolsas de contratación de sustitutos.
Se indica que la lentitud en la contratación de personal sustituto (PSI/PSU) ante bajas, jubilaciones o excedencias provoca que determinadas asignaturas queden sin docente durante periodos prolongados —en algunos casos durante semanas—, con la consiguiente pérdida de horas de clase para el alumnado. Se apunta que la situación genera una sobrecarga adicional sobre los estudiantes y sobre el resto del profesorado. Señalado en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) y en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación (asignatura de Psicología del Desarrollo y de la Educación Escolar, Grado en Educación Primaria), entre otros.
Se indica la ausencia o insuficiencia de presupuesto en los departamentos para cubrir necesidades básicas de la actividad docente, como fotocopias y materiales para las clases, lo que obliga al profesorado a prescindir de recursos que facilitarían el aprendizaje, con impacto directo en la calidad de la docencia. Señalado en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, entre otros.
Se señala la eliminación, reducción o no aplicación de las RAD reconocidas por sexenios, proyectos de investigación, dirección de tesis y cargos de gestión, entre otros conceptos. En la práctica, las RAD no se aplican hasta agotar el potencial docente máximo del área, y en algunos departamentos solo se mantienen las reducciones del personal con cargos de gestión. Se indica también la subida del potencial docente de 160 a 240 horas en determinadas áreas, el aumento de los créditos u horas por crédito impartido y la imposición de ratios superiores a 1 (entre 1,1 y 1,4).
Diversos profesores con discapacidad reconocida, en algunos casos de hasta el 65–66%, señalan reducciones de su RAD por discapacidad de entre el 50% y el 82% respecto a cursos anteriores, sin que se haya facilitado justificación técnica ni criterios de valoración, y con comunicación mediante publicación en la web del Servicio de Acción Social en lugar de notificación individualizada.
La aplicación de una tasa de reposición del 15% limita drásticamente la convocatoria de nuevas plazas estructurales y la cobertura de bajas, jubilaciones y fallecimientos, favoreciendo la contratación temporal (PSI/PSU). La docencia de las personas jubiladas, de baja o fallecidas se redistribuye entre el resto de la plantilla sin compensación ni reconocimiento adicional. Se cita el caso del Departamento de Historia del Arte, con cuatro bajas activas sin cubrir. Se señala también que el Departamento de Economía Aplicada (Estructura Económica y Turismo) tiene 135 horas de docencia sin asignar, derivadas de la modificación de un plan de estudios cuya entrada en vigor era previsible desde hacía dos cursos, sin que el Vicerrectorado haya determinado aún cómo se cubrirán.
Se indica la reducción del número de convocatorias de bolsas de profesorado sustituto (de unas 15 plazas en 2023–2024 a 5 en cursos posteriores) y la contratación de personal sustituto sin formación específica en el área. Se señala también la limitación del acceso de los Ayudantes Doctores a determinadas ayudas y la situación del Profesorado Asociado con décadas de sobrecarga y retribución insuficiente. Se indica además que las áreas de reducido tamaño con un alto porcentaje de personal temporal (PSU) son especialmente vulnerables: cuando un PSU renuncia o se traslada, la contratación de su sustituto puede tardar más de un mes, obligando al personal estable a superar el límite legal de horas, problema que se agrava cuando más del 70% de la docencia del área se concentra en el segundo cuatrimestre.
Numerosos profesores titulares acreditados a CU señalan que sus plazas no se convocan, con tiempos de espera de entre 6 meses y más de 2 años y medio. La UMA remite las plazas a la Junta de Andalucía como «no prioritarias», lo que lleva a su rechazo. Se menciona una bolsa de más de 100 personas acreditadas en espera de promoción.
Se señalan dos situaciones diferenciadas. La primera es de carácter normativo: la regulación vigente obliga al Profesor Ayudante Doctor a esperar al menos tres años desde el inicio de su contrato —o a agotarlo íntegramente si la acreditación llega más tarde— para poder promocionar a una plaza de Profesor Permanente Laboral (PPL), aunque ya disponga de la acreditación a Titular. Varios testimonios de profesores y profesoras Ayudantes Doctores con acreditación ya en mano señalan que esta espera forzosa puede prolongarse un año o más, bloqueando su estabilización mientras siguen asumiendo cargas docentes propias de categorías superiores. La segunda situación es de carácter presupuestario y de gestión: incluso cumplida la espera reglamentaria, las plazas de PPL no siempre se convocan en plazo. Mencionado en el Departamento de Traducción e Interpretación, el Departamento de Arte y Arquitectura, la Facultad de Bellas Artes, el Grado en ADE y por profesorado de otras áreas no especificadas.
Se señala de forma reiterada el retraso en el cobro de complementos autonómicos ya reconocidos en varios departamentos.
El personal investigador contratado, tanto con cargo a proyectos como predoctorales y postdoctorales, señalan que no perciben los trienios, quinquenios o sexenios que les corresponden.
Se indica la disminución del número y la cuantía de las ayudas para asistencia a congresos, estancias y costes de publicación; retrasos de hasta nueve meses en el abono de ayudas ya concedidas; cuantías insuficientes para cubrir los gastos reales; y eliminación de premios y ayudas a la divulgación científica. La universidad no garantiza el pago de los gastos de viaje a congresos internacionales, pese a que la asistencia a conferencias de prestigio se exige como criterio de evaluación investigadora. Se señala además que las convocatorias de estancias de investigación exigen que el investigador adelante los gastos con fondos propios, lo que excluye de facto a jóvenes investigadores con contratos precarios. Se indica asimismo la drástica reducción de las convocatorias para jóvenes investigadores del Plan Propio (línea B1), con tan solo diez proyectos concedidos en la última convocatoria.
Se señalan procesos administrativos excesivamente complejos trasladados al profesorado: gestión de profesorado externo en másteres, trámites de acceso a posgrado y doctorado con herramientas obsoletas, y gestión de proveedores y reservas de crédito para investigación.
La universidad ha eliminado el premio de funcionarización, complemento económico reconocido al profesorado laboral al pasar a la condición de funcionario de carrera.
Se señala de forma reiterada la escasa o nula convocatoria de nuevas plazas de Profesor Ayudante Doctor (PAD/AYD), que constituye la principal vía de entrada a la carrera académica universitaria para investigadores y doctores jóvenes. Se indica, además, un mecanismo que agrava el problema: al no aplicarse correctamente las RAD, las áreas de conocimiento no alcanzan el ratio de carga docente que justificaría la apertura de nuevas plazas, de modo que la sobrecarga del profesorado existente oculta y bloquea la necesidad real de contratación. Se recurre así a la contratación temporal (PSI/PSU) en lugar de convocar nuevas plazas de AYD. Como consecuencia, en algunos departamentos —entre ellos Ingeniería de Comunicaciones— se ha señalado que becarios predoctorales están asumiendo docencia que no les corresponde. Todo ello frena la renovación generacional de las plantillas universitarias. Señalado en los departamentos de Ingeniería de Sistemas y Automática, Ingeniería de Comunicaciones, Botánica y Fisiología Vegetal, Psicología Evolutiva y de la Educación, y otros no especificados.
Se señala de forma generalizada en bibliotecas, mantenimiento, jardinería, Aulas TIC y soporte tecnológico, conserjería y servicios de investigación, generando sobrecarga sobre el personal en activo. Se indica una diferencia notable en los tiempos de cobertura entre distintos servicios: mientras en conserjería las vacantes se cubren con rapidez, en el servicio de mantenimiento se señala que jubilaciones, bajas de larga duración e incluso fallecimientos llevan años sin cubrirse, sin que se hayan adoptado medidas correctoras. Las Aulas TIC de diversos centros se señalan como uno de los servicios más afectados: la falta de personal se ha ido agravando de forma progresiva al no cubrirse jubilaciones ni excedencias, y puestos clasificados como A2 están siendo asumidos por personal del subgrupo C1 o permanecen vacantes. La división del servicio y las salidas de personal por promociones internas, sin sustitución efectiva, han reducido aún más la plantilla disponible. Se señala asimismo el caso de la Escuela de Ingenierías Industriales, donde la jubilación de un técnico del área de Ciencia de Materiales y el fallecimiento del técnico de laboratorio del área de Medios Continuos no han sido cubiertos, viéndose el departamento obligado a recurrir a personal investigador para realizar tareas propias del Capítulo I.
Se señala que estos conceptos se abonan de forma prorrateada al PTGAS, a diferencia del PDI, y se indican retrasos en el abono de los complementos correspondientes a 2024 y 2025.
Se indica una disminución progresiva, en sucesivos cursos, del periodo y del horario de jornada reducida en verano para el PTGAS.
Se señala la falta de procesos de estabilización, la cobertura de puestos de categoría superior (A2) por personal de categoría inferior (C1) y la falta de convocatorias de promoción interna. Se señala asimismo que la dirección de al menos un servicio lleva más de dos años vacante sin que se haya cubierto ni mediante comisión de servicio ni mediante convocatoria de promoción interna. Se indica también que personal auxiliar de jardinería (grupo IV) viene realizando de forma habitual trabajos especializados propios del grupo III, utilizando maquinaria y herramientas que no corresponden a sus funciones, sin que se haya producido la reclasificación ni la contratación de personal de la categoría adecuada.
Se indica la externalización progresiva del mantenimiento de sistemas de climatización, automatismos y domótica, jardinería y tratamientos fitosanitarios, justificada por la falta de personal propio.
Se señala la falta de presupuesto para el mantenimiento de vehículos de servicio y la falta de material de oficina básico en bibliotecas.
Se ha paralizado el proceso de estabilización del Capítulo VI del personal de los servicios de investigación (en torno a 40 personas), pese a contar con un plan aprobado en Consejo de Gobierno; se prevé que no comience hasta 2027 o 2028.
El contrato puente predoctoral del Plan Propio está siendo modificado hacia un modelo competitivo cuyo alcance no está determinado, sin que se haya aclarado cuándo ni en qué condiciones podrán acceder a él los afectados.
Los contratos temporales de investigación (Capítulo VI) no están plenamente incluidos en el convenio colectivo, lo que se traduce, por ejemplo, en la falta de reconocimiento de trienios o sexenios (aun con sentencias judiciales que obligan a ello), y en retribuciones netas inferiores a 1300€ mensuales o directamente el SMI, como es el caso de algunos contratos del Plan Propio de Investigación.
Actualmente, la UMA mantiene una congelación salarial ilegal del personal investigador temporal, eludiendo su responsabilidad mediante el silencio administrativo. En concreto, el personal predoctoral acumula 12 meses de retraso para la aplicación de las subidas salariales que le corresponden (y a las que la UMA ya directamente se ha negado a pagar), mientras el personal postdoctoral y con cargo a proyectos ven sus sueldos congelados desde hace años.
Reducción significativa de la plantilla de limpieza en algunos centros, sin cobertura de bajas ni jubilaciones, lo que genera sobrecarga sobre el personal restante.
Denuncias de incumplimiento de los servicios estipulados en los pliegos por parte de la empresa adjudicataria.
Limpieza insuficiente en aseos y zonas comunes de alta afluencia, atribuida a la falta de personal, en la Facultad de Psicología y en la Escuela de Ingenierías Industriales. Se indica que en algunos espacios pasan varios días sin que se realicen tareas básicas como el vaciado de papeleras o el fregado de suelos.
Aplicación de un ERTE en octubre de 2024 que afectó a 27 trabajadores. La plantilla con derecho a subrogación se redujo de 151 a 121 vigilantes; el nuevo pliego contempla 165.000 horas de servicio, equivalentes a aproximadamente 92,7 vigilantes, de las cuales 18.000 se asignan a una «bolsa de refuerzos» sin especificar su uso.
Se ha eliminado la vigilancia diurna en gran parte de la ampliación del Campus de Teatinos, la vigilancia presencial en el Complejo Deportivo, la Guardería Universitaria y la Biblioteca General, y el servicio del Rectorado ha pasado de cobertura 24 horas a exclusivamente nocturna. Desde 2024 se ha suprimido la vigilancia en el Aulario VI, el Animalario, el Centro Láser, el Centro Internacional de Español de El Palo, el Jardín Botánico y otros espacios. La reducción de la presencia de vigilantes ha sido relacionada con un aumento de los robos de material informático —en particular portátiles— en distintas facultades y escuelas.
Se ha creado un servicio de «Acuda 24 horas» sin determinar si será cubierto por personal subrogado o de nueva contratación.
Se señala en numerosos centros: Biblioteca de Ciencias, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Facultad de Turismo, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre otros.
Mencionado en la Facultad de Filosofía y Letras (goteras, grietas, humedades, falta de tomas eléctricas, cafetería cerrada y obras paralizadas), la Facultad de Psicología y Logopedia (goteras e inundación del salón de actos, con cierre de aulas) y la Escuela de Ingenierías Industriales (goteras en el techo de cristal del edificio, pasillos, baños y despachos, con situaciones de peligro).
Señalado en la Biblioteca de Ingenierías, la Escuela de Ingenierías Industriales (equipamiento sin renovar desde hace quince años), la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias de la Educación.
Mencionado en la Biblioteca de Ingenierías, la Facultad de Psicología y la Escuela de Ingenierías Industriales. En la Biblioteca de Ingenierías se señala específicamente que la deficiente insonorización de la entrada provoca la pérdida de climatización, con temperaturas inadecuadas especialmente en invierno, y que la carencia de limpieza es notable.
Señalado en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se indica que afecta a la docencia híbrida y a actividades con participación internacional.
Se señala el cierre de la sala de estudio de acceso 24 horas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, por motivos presupuestarios y de mantenimiento.
Se indica la ausencia de servicio de mantenimiento de fotocopiadoras y demoras de más de una semana en la autorización de compras de material básico, como tóner.
Se señala la paralización, durante periodos prolongados, de obras en distintas facultades, incluida la ampliación de Filosofía y Letras.
Se menciona una sección de la Escuela de Ingenierías Industriales sin posibilidad de cortar la electricidad durante un mes, así como mobiliario combustible almacenado en zonas de aparcamiento.
Se indica una reducción a la mitad respecto a años anteriores, cuantías insuficientes en las ayudas por hijos en comedor o escolarización pública, la eliminación de la ayuda para material escolar, y la denegación de solicitudes por motivos formales en la documentación.
Se señala que la campaña lleva al menos dos cursos sin realizarse, sin que se haya comunicado una fecha de reactivación.
Se señala que las revisiones médicas anuales no se realizan con la periodicidad debida —en algunos casos solo dos revisiones en ocho años— y que las revisiones ginecológicas periódicas también se han recortado.
Anteriormente cubiertos en parte por las Ayudas Sociales de la UMA.
El Vicerrectorado de Igualdad y Política Social venía proporcionando alojamiento en la Residencia Universitaria Alberto Jiménez Fraud y manutención tanto a estudiantes refugiados procedentes de países extranjeros como a beneficiarios de la beca de emergencia (otorgada, entre otros casos, a víctimas de violencia de género o intrafamiliar y a estudiantes que han perdido a sus progenitores de forma repentina). A lo largo de la primera semana de junio de 2026 se convocó a todas estas personas bajo la premisa de «conocer sus necesidades», comunicándoles que, a partir del 1 de septiembre, a raíz de recortes exigidos por la Gerencia de la UMA, se les retirará el alojamiento, la manutención y cualquier otro tipo de ayuda económica, dejando en situación de extrema vulnerabilidad a uno de los colectivos más frágiles de la comunidad universitaria.
El programa lleva al menos dos cursos sin convocarse, afectando especialmente a familias con situaciones de movilidad internacional que dependían de él para el periodo estival.
Se indica la reducción progresiva del número y la cuantía de las becas y ayudas propias de la UMA al estudio.
Se señala la subida de precios en los comedores y se indican denuncias del alumnado sobre el estado de limpieza y los precios de las residencias de estudiantes.
Reducción del presupuesto destinado a la adquisición de fondos bibliográficos, con un recorte del 80% en 2024, parcialmente revertido a un 60% en 2025.
Reducción de la autonomía de gestión de las bibliotecas, con la desaparición de las unidades de gasto propias y la centralización de las decisiones de compra y personal en la figura del Coordinador de Bibliotecas.
Amortización de plazas de PTGAS en bibliotecas y falta de cobertura de bajas.
Reducción del horario de apertura en periodo estival, señalada en la Biblioteca de la Facultad de Estudios Sociales y Marketing.
Deterioro de laboratorios, con deficiencias de mantenimiento, equipamiento obsoleto, espacios insuficientes y condiciones que no cumplen los estándares exigibles para la actividad científica.
Eliminación de los remanentes presupuestarios que los departamentos empleaban anteriormente para equipar laboratorios.
Reconocimiento parcial de la dirección de tesis doctorales en el cómputo de horas (se cita un caso en el que solo se reconocen 2 de 4 tesis dirigidas).
Falta de reconocimiento de horas por la dirección de proyectos de investigación (IP).
Se indica que determinadas convocatorias del Plan Propio tardan más de cinco meses en resolverse, en parte debido a la falta de personal administrativo que gestiona estos procesos. Se han mencionado de forma expresa las convocatorias H e I, con consecuencias negativas tanto para el personal investigador —que no puede planificar sus actividades— como para el PTGAS encargado de su tramitación. A esto se suma la solicitud de documentación adicional no prevista en la convocatoria una vez publicada la resolución provisional denegatoria, lo que alarga aún más el proceso y genera incertidumbre.
Asignación docente que no respeta el Plan de Ordenación Docente aprobado en Consejo de Departamento.
Incremento de la carga administrativa derivada de la digitalización de trámites anteriormente gestionados por el PTGAS.
Disminución de la calidad de las condiciones ofrecidas al personal de apoyo en sedes de la PEVAU fuera de Málaga.
Burocracia considerada excesiva, señalada de forma transversal por distintos colectivos.